Ocho estados de EE.UU. demandan a OpenAI por riesgos del ChatGPT para menores

Ocho estados de Estados Unidos presentaron demandas judiciales contra OpenAI este viernes (16/10), acusando a la empresa de engañar a los consumidores sobre la seguridad de ChatGPT. Arkansas, Arizona, Idaho, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska y West Virginia presentaron los casos el mismo día. El núcleo de las acusaciones es que la compañía falló en proteger a niños y adolescentes que usan el chatbot. Según reportes de The Neuron y Brave New Coin, los procesos incluyen también solicitudes de eliminación de datos recopilados de forma ilegal. Del otro lado, OpenAI afirma mantener salvaguardas por edad y dice que sigue mejorando estos mecanismos.

Las acciones sostienen que OpenAI presentó ChatGPT al público como un producto seguro, mientras que los riesgos para usuarios menores de edad habrían sido minimizados. Para los estados, esta conducta configuraría una práctica engañosa contra el consumidor. El segundo eje del litigio involucra la protección de niños: los procesos señalan que las barreras existentes en el servicio serían insuficientes para este público. Entre las solicitudes está la eliminación de los datos recogidos supuestamente fuera de las reglas, lo que transforma el caso también en una discusión sobre privacidad. Los detalles constan de las coberturas de The Neuron y Brave New Coin, que siguieron el movimiento judicial.

OpenAI respondió a las acusaciones reafirmando que ChatGPT cuenta con salvaguardas por edad. La compañía afirma que estos mecanismos están en constante mejora. El uso de chatbots por adolescentes se volvió rutina, y es justamente este escenario el que pone a las empresas de inteligencia artificial bajo escrutinio creciente. Para los estados autores de las acciones, las protecciones existentes no serían suficientes para contener los daños al público joven. No hay, por ahora, previsión de cuándo los casos deben tener una primera decisión.

El movimiento llama la atención por la escala: son ocho estados demandando simultáneamente a una de las empresas más visibles del sector de IA. Los litigios impulsados por estados funcionan, en la práctica, como una fuerza regulatoria en Estados Unidos, sobre todo en temas en que la legislación federal avanza despacio. En el caso, las solicitudes de eliminación de datos empujan el debate al terreno de la privacidad de menores, además de la seguridad de los chatbots. Si se acogen, estas solicitudes pueden obligar a OpenAI a revisar cómo recopila y almacena información de usuarios jóvenes. La empresa, por su parte, tendrá que equilibrar la defensa judicial con los ajustes técnicos que dice ya estar haciendo en los filtros por edad.

Los próximos pasos incluyen las respuestas formales de OpenAI a los procesos y eventuales decisiones sobre la admisibilidad de las acciones. Mientras los casos tramitan, el debate sobre edad mínima, verificación y límites de uso de chatbots tiende a ganar fuerza fuera de los tribunales. Para familias y educadores, el episodio refuerza la necesidad de acompañar de cerca cómo niños y adolescentes usan herramientas de IA generativa. Con ocho frentes judiciales abiertos al mismo tiempo, OpenAI tendrá que defender en la práctica la seguridad que promete en discurso.